miércoles, 27 de agosto de 2003

El destino de la FAN en una etapa post Chavez

¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), una vez que solucionemos el grave problema de salir del régimen narco-castro-comunista-marxista-maoísta-terrorista (nc²m²t) de Hugo Chávez Frías? Me imagino que esa gran pregunta tendrá varios orígenes y diversas respuestas dependiendo de la fuente de sus procedencias.
Primero que nada de sus integrantes; y en ellos se incluyen profesionales en situación de actividad y en la honrosa situación de retiro; y todos aquellos venezolanos que se han identificado con la vida institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN).
En segundo lugar de la sociedad “civil”, propiamente dicha, como la denominan los uniformados. Y dentro de ella se consiguen diversos planteamientos dependiendo también de la fauna política que representen, del análisis de la actuación de la institución militar en esta coyuntura, de los efectos de sus actuaciones y del impacto derivado de la contaminación política que exteriorizan sus jerarcas, en sus enfrentamientos con la opinión publica a través de los medios de comunicación social.
De tal forma, que es difícil conseguirse un venezolano en este momento, que carezca de opinión, de referencias, de posición y hasta de la visión que le asigna al estamento castrense en una etapa post Chávez.
En todo caso, los análisis se orientan a definir varias líneas gruesas en torno al misionamiento corporativo de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) cuando se solucionen los actuales problemas políticos del país. O sea, después de la extinción política del chavismo como fuerza de gobierno... ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas Nacionales? ¿Qué misiones van a cumplir? ¿Cómo las van a cumplir? ¿Cuál será su estructura? ¿Cuáles serán las amenazas que definirán sus hipótesis de conflicto? ¿Cuál será el despliegue estratégico que orientará su crecimiento institucional? Esas preguntas - repito - tienen distintos desarrollos, dependiendo del origen político del emisor.
A propósito, la responsabilidad de definir el destino de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) no debe recaer prioritariamente, en sus integrantes uniformados; esa debe ser una decisión de naturaleza política, tomada por mandos políticos, con líneas políticas que estén en sintonía con la coyuntura política determinante, de una etapa post Chávez que estará signada por una gran conflictividad política, y con una gran carga política anterior, derivada de la actuación política de una institución eminentemente militar pero sujeta a las decisiones políticas de los mandos civiles.
¿Por qué no deben tener participación prioritaria los militares en el proceso de redefinición del rol de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN)? ¡Es sencillo! No hay institución con mayor espíritu de cuerpo y mayor ejercicio de la necesidad de pertenecer, que la institución armada. Una vez que se superen los problemas políticos de la coyuntura, probablemente los valores de la solidaridad, la amistad y la consecuencia vayan paulatinamente invadiendo los espacios que dieron paso temporal al odio político estimulado por las líneas de pensamiento asentadas en el resentimiento chavista.
La contaminación de esas subjetividades en un proceso que implicará pases a la situación de retiro, juicios, cárcel, reducción de privilegios, equilibrio social e institucional, sinceracion presupuestaria, reducciones organizacionales, modificaciones de la estructura y hasta el manejo objetivo de la desaparición como institución, es decir la eliminación de la Fuerza Armada Nacional enfrentará resistencias sutiles, oposiciones legales, obstáculos personales y estorbos corporativos; la mayoría de estas argumentaciones serán vacías e inconsistentes desde el punto de vista político y no atenderán al reclamo social.
En todo eso subyace una materia bien critica, en la que incluso, la sociedad civil como un todo, debe emitir su opinión, de tal forma que el destino de la Fuerza Armada Nacional (FAN) puede, muy bien, ser sujeto de un Referendo Consultivo, para que quienes pagan los sueldos y salarios de los uniformados, decidan su suerte.
La suerte de los militares, como ocurre en todos los países desarrollados, la deben decidir los civiles. Ese es un riesgo que no debe dejársele correr nuevamente, a la sociedad civil y dejar en las manos de los militares; eso es una exposición en si misma.
El artículo 71 de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela señala que podrán ser sometidas a referendo consultivo...las materias de especial trascendencia nacional. ¿Es el destino de la Fuerza Armada Nacional una materia de especial trascendencia nacional? ¿Deben opinar los civiles sobre la suerte de los uniformados? ¿El nuevo rol de la Fuerza Armada Nacional debe ser sometido a una consulta pública? ¿La actuación de los militares en esta coyuntura merece una evaluación objetiva por parte de todos los sectores de la sociedad? Me parece que la respuesta es afirmativa; al fin y al cabo somos los civiles quienes pagamos con nuestros impuestos el servicio que proporciona la organización castrense. ¡Y esa decisión debe abarcar todas las alternativas posibles, dependiendo de la valoración que se le haga a su desempeño! ¡Especialmente la actuación desarrollada en esta circunstancia política!
Una primera línea de las decisiones, se identifica con un proceso de mantener el statu quo y otra, la reestructuración. Igualmente dentro de este proceso hay matices; unos de línea dura que arranca de un proceso de reestructuración que arranca de la revisión y modificación de las diferentes estructuras castrenses, hasta uno muy sutil que impone únicamente el descabezamiento de los mandos que actualmente están identificados con el chavismo militante, hasta la decisión terminal y conclusiva de eliminar a la Fuerza Armada Nacional.
Nos imaginamos un proceso referendario para toda la población en el que la pregunta esté desarrollada en los siguientes términos:
¿Cómo desea usted que se inicie un proceso de evaluación y redefinición del rol de la Fuerza Armada Nacional?
1. El statu quo.
2. La Reestructuración.
3. La eliminación
Una simple rayita o equis mayoritaria, en cualquiera de las alternativas planteadas decidirá el destino y la suerte de quienes constitucionalmente, son los responsables de la seguridad y la defensa de la nación y que desgraciadamente no han sabido estar a la altura de las circunstancias, para el cumplimiento de sus deberes.
Tal cuál como se orienta la valoración de la actuación institucional, como producto de la actual situación política, abrumadoramente arrasaría el ítem. número 3 ¡No hay que olvidar que en una gran porción mayoritaria de la población civil, subsistía la tesis del parasitismo de los militares durante la Cuarta Republica y eso esta siendo alimentado por la cómoda posición de Las Jineteras de la Revolución Bolivariana (Los Militares Ex - Institucionalistas) en esta circunstancia de enfrentar al régimen nc²m²t, por su abierta actitud violatoria de la Constitución Nacional! ¡Esta será la ocasión en que se pasará una gran factura institucional, con intereses y todo!
El statu quo era el proceso que se seguía en la Cuarta Republica y en todos los países desarrollados con Fuerzas Armadas Nacionales institucionales, de relevar de los cargos de confianza, a aquellos altos mandos del régimen anterior y colocar al frente de ellos a cuadros identificados con las nuevas políticas que se iban a implementar en el nuevo gobierno. Generalmente ello entrañaba designaciones bien reducidas y no iba mas allá de lo que se conoce como el Alto mando Militar y cargos inmediatos. En modo alguno eso alcanzaba hasta los cuadros altos con comandos directos de tropa (Comandos de División, Brigadas, Direcciones de Escuela, Estado Mayor General de los componentes, Comandos de batallón, etc.) y por supuesto, nada para abajo. Eso era lógico, aceptable y fluía sin ningún tipo de traumas dentro de la organización castrense.
Esta alternativa, en una situación normal es la mas lógica y aceptable. Es una forma de acción viable, al cumplirse con todos los cometidos institucionales de hacer los relevos orgánicos, seguir cumpliendo las misiones, y no generar trauma alguno de naturaleza organizacional.
Una vez superado el escollo de salir del régimen nc²m²t, ¿quien puede pensar en dejar al frente de los mandos de Divisiones, Brigadas, Bases Aéreas, Regionales, Batallones, Unidades de Superficie, Unidades Aéreas, etc. - asumiendo que lógicamente todo el Alto Mando Militar debe ser defenestrado - a Comandantes, Segundos Comandantes, Jefes, Directores, Estados Mayores y cuadros medios y bajos; y cuando estamos refiriéndonos a niveles bajos, estamos hablando de tenientes, subtenientes, sargentos, cadetes, tropa alistada, con compromisos políticos abiertamente orientados hacia el régimen nc²m²t?
Unidades enteras y completas tendrán que licenciar (dar de baja) a todo su personal de tropa. La respuesta lógica es... Nadie. ¡A no ser que quieran dormir con el enemigo!
Ese razonamiento, por la vía de los hechos obliga a segregar la alternativa del Statu quo (Forma de acción número 1) y orientar la decisión colectiva hacia la reestructuración (Forma de acción número 2) o la eliminación (Forma de acción número 3).
Vamos a diagnosticar la propuesta de la reestructuración sin ningún dolor institucional. Hagamos simplemente un ejercicio de medicina corporativa, para valorar la sintomatología del enfermo y proponer la etiología castrense y la farmacología post Chávez en un paciente que tiene una gravedad aparente, una hinchazón estructural y un gran dolor interno que ella misma ha orientado hacia niveles de postración y de coma estructural. Decir que la Fuerza Armada Nacional está actualmente en terapia intensiva, con todos los aparatos puestos para aliviar la respiración, no es ninguna exageración dialéctica. Que conste que esto queremos hacerlo, para; en ningún momento hacer la autopsia al cadáver de la organización.
La reestructuración atiende fundamentalmente a un proceso de revisión de la actual constitución de la organización y proponer maneras de funcionamiento, distintas a las vigentes. Lo que las nuevas líneas gerenciales y las modernas posturas de la administración contemporánea señalan como una reingeniería organizacional, se encuadraría en un procedimiento de analizar ¿como funciona? ¿Con que funciona? ¿Para que funciona? ¿Con quienes funciona? y simplemente determinar la eficiencia de los procesos orgánicos en la elaboración del servicio que proporciona esa empresa: La Seguridad y la Defensa de la Nación.
Vamos a ser más ilustrativos y mucho más gráficos con los ejemplos; si usted contrata una compañía de seguridad integrada por gente del entorno, para su residencia o para su edificio, y en esos ambientes se inicia un proceso de robos, de violaciones, de incumplimiento de las normas; los dueños deben iniciar un proceso de reingeniería de la seguridad del inmueble. Les queda dos alternativas, contratan otra compañía o simplemente la seguridad se la proporcionan ellos mismos. Nadie quiere tener a delincuentes en su residencia.
El proceso de la reingeniería de la Fuerza Armada Nacional entrañará cambios fundamentales en la manera como es manejada la organización para ayudar a lidiar con un nuevo ambiente de mercado corporativo y las nuevas exigencias surgidas como producto de la circunstancia política del post chavismo.
En un análisis elemental primario, que se haría a la compañía de seguridad se determinaría si están cumpliendo la misión de la seguridad o no.
La primera pregunta que deben plantearse los responsables políticos de determinar el destino de las Fuerzas Armadas Nacionales es... ¿Qué significa ser una institución? ¿Cuál era el perfil de la institución armada antes de la llegada de Hugo Chávez al poder? ¿Regresamos al estándar anterior o aprovechamos la ocasión para modernizarla, adecuarla a los nuevos tiempos? O simplemente...! La eliminamos!
La institución mas favorecida de los efectos constituyentes de 1999 fue sin lugar a dudas la Fuerza Armada Nacional.
La Fuerza Armada Nacional producto de la Constituyente de 1999 se nutrió prioritariamente de derechos y se deslastró del mas importante deber que tenía asignado en la Constitución de 1961, la moribunda o la extinta. Dejó de lado su deber fundamental de cuidar la propia esencia de la Constitución Nacional el cuál señalaba en el articulo 132 textualmente: “Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la Republica, y en ningún caso al de una persona o parcialidad política”.
La Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, prevé en el artículo 328 las funciones básicas atribuidas a la Fuerza Armada Nacional (FAN), el cual reza textualmente: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejercito, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio según lo establezca su respectiva ley orgánica”
Entonces, ese proceso constituyente le asignó a la Fuerza Armada Nacional la posibilidad de intervenir activamente en política interna al quitarle la condición de apolítica y la no deliberancia, y dejar de lado la función de policía constitucional que tenía atribuida. Esta última función se diluye con el resto de la sociedad en el artículo 333 de la nueva constitución.
Las consecuencias de quitarle los frenos constitucionales a la Fuerza Armada Nacional de participar activamente en la política domestica se están sintiendo hasta lo mas profundo de la sociedad y ya tendrán sus repercusiones institucionales, una vez que el régimen nc²m²t de Hugo Rafael Chávez Frías forme parte del estercolero de la historia.
El proceso de ascensos únicamente a nivel ejecutivo es otra historia bufa de esta mala experiencia política del país. La Constitución de 1961 señalaba en el Capitulo II Del Senado artículo 150. Son atribuciones del Senado, Ordinal Quinto: Autorizar el ascenso de Oficiales de las Fuerzas Armadas, desde Coronel o Capitán de Navío, inclusive.
La Bicha de 1999 señala en el articulo 236 ordinal sexto como atribuciones del Presidente de la Republica: “Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de Coronel o Coronela o Capitán o Capitana de Navío, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos”.
¿Qué ha hecho Chávez con esta facultad constitucional? Simplemente cubrir todas las plazas vacantes con afectos al régimen nc²m²t e iniciar un proceso de descomposición y desmantelamiento institucional de la Fuerza Armada Nacional, erosionando los pilares fundamentales de la organización, como son la disciplina, la obediencia y la subordinación; al promocionar y estimular los antivalores (La mentira, la hipocresía, la traición, la felonía, la apostasía, la vileza, la mediocridad, la intriga, la cobardía, el desapego, la deslealtad, la inconsecuencia, el malinchismo, el deshonor, la enemistad, la informalidad, la indiscreción, la aflicción, etc.)de la corporación militar.
Otro de los incidentes para orientar, en la decisión de la sociedad civil, será la seguridad social de los militares, la cuál también alcanzó niveles constitucionales en el año 1999 (Régimen de seguridad social integral propio, etc.). A estas alturas del funcionamiento del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA) – mas de cincuenta años – el ente de previsión social de los militares debería haber iniciado un proceso de autogestión o cogestión para deslastrarse del ayuntamiento con el estado, con la gran carga que significa depender del fondo de pensiones, fondo del cuidado integral de salud, fondo de fideicomiso de prestaciones sociales y cualquier otro fondo con el que muchas veces se alimentan las corruptelas de los jerarcas militares y a veces hasta el alto gobierno, sin ningún atisbo de eficiencia para la misión original .
La historia del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA) en materia de gestión administrativa es digna de llevarla al libro negro de la corrupción y la incompetencia gerencial de Guinnes; Almacenes Militares que arrastran una raya roja desde hace tiempos inmemoriales (En el año 2002 tenían un déficit de 19 millardos de bolívares), Supermercados que aún no han salido de una situación deficitaria a pesar de las Alianzas Estratégicas recientes, Sistemas de Ahorro (SISA) que sirven como Caja Chica para el funcionamiento de una jerarquía corrupta y que funciona sin alguna garantía financiera para los ahorristas; una Compañía de Seguros (Seguros Horizonte) que depende fundamentalmente de las erogaciones del estado, a pesar de disponer de un mercado cautivo de casi 12 mil clientes sin ningún tipo de mora y que con cada ejercicio financiero queda en situación de intervención por la Superintendencia de Seguros; una Champiñonera chavista (Siempre la acompaña el color rojo en sus estados de ganancias y perdidas); una compañía de mantenimiento IPSFA-CLEAN sin ninguna posibilidad de crecimiento; una Administradora para la Vivienda en Guarnición (Vienguarca) que no resiste una auditoria objetiva; una agencia de viajes y turismo (IFAMIL-Viajes y Turismo )cuyas ganancias al final de cada ejercicio, son risibles; dos estaciones de servicio que – léase bien – son las únicas en el mundo del comercio de los combustibles, que dan perdidas; un patrimonio de activos en inmuebles, terrenos sin algún tipo de control y un capital de fideicomiso de prestaciones sociales casi en el orden de los 170 millardos de bolívares, que sirve para nutrir canallamente bolsillos que no son los de sus dueños naturales (Los oficiales, suboficiales profesionales de carrera y tropa profesional con derecho, según la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas); y lo que es peor, cualquier posibilidad de “montar” negocios financieros que reporten dinero fresco a cualquiera de los fondos de seguridad social del instituto y que permitan independizarse y hacer letra activa, la norma constitucional de activar un régimen de seguridad integral propio.
El portafolio de la venta de vehículos y el convenio con el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) mediante el cuál se asignaron inmuebles a un grueso numero de profesionales militares, son grandes emblemas de corrupción que no resisten una auditoria de un niño de pantalón corto y que en su debido momento harán la explosión comunicacional y jurídica, correspondiente.
La progresión geométrica del aumento financiero del costo de las pensiones militares es otra de las bombas que explotará en su debido momento. Los militares cotizan legal y automáticamente el 5 % de sus sueldos para financiar su pensión de retiro. La actual nomina de la pensión de retiro de todos los pensionados de la Fuerza Armada Nacional estaba promediada en el año 2002, en frecuencia mensual de 23 millardos (En este momento debe estar por el orden de los 25 millardos), de los cuales los activos costeaban en el orden del 12% de esos 23 millardos (aproximadamente 2,76 millardos) el resto – 20,24 millardos - salía de fondos del estado o de algún repele que mantenía clandestinamente el instituto.
El presupuesto fiscal del IPSFA para el año 2002 fue de 387.655.545.643 bolívares (trescientos ochenta y siete millardos redondeados) de los cuales los afiliados cotizaron 48.111.757.472 bolívares (12, 40 %) y el instituto aportó con recursos propios 89.060.704.663 bolívares (23 %); el aporte del estado venezolano fue de 250.483.083.508 bolívares (64,60 %). ¿Es eficiente una corporación con empresas, negocios, terrenos y activos; que no sea capaz en 50 años de costear los fondos para su nomina de empleados y obreros, o que al menos contribuya mas allá del 50% con la nomina de sus pensionados? ¡La respuesta es NO rotundamente!
Para el año 2007, la estimación es que esa nomina esté en el orden de los 38 millardos de bolívares mensuales (Treinta y ocho seguido de nueve ceros); ceros que por supuesto proporcionará el cada día mas reducido ingreso de una estatal petrolera que regala groseramente su rendimiento a los cubanos, de los impuestos que religiosamente cancelan los sobrevivientes empresarios civiles arrinconados por el régimen nc²m²t, y otra diferencia que aportan los ciudadanos de a pie. Como se ve, esos recursos en su mayoría saldrán de los bolsillos de los miembros de la sociedad civil que esperan de los uniformados, respuestas ajustadas a lo que contempla la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, en el articulo 328.
La otra cotización de los uniformados era el 6,5 % del sueldo, que cubría el Fondo para el Cuidado Integral de la Salud y que iba normalmente a nutrir bolsillos saludables de otros jerarcas, entre los cuales estaba el del Presidente del IPSFA, del Presidente de Seguros Horizonte, el Director de Sanidad Militar, el Director General Sectorial de Bienestar y Seguridad Social y el Director del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo y que ahora con la implementación demagógica del Plan Barrio Adentro y la utilización de la mayoría de los hospitales militares del país, en esta iniciativa política del régimen nc²m²t; los servicios médicos para uniformados, familiares con derecho iban a colapsar y de hecho lo están.
¿En que momento los ciudadanos iban a poner el grito al cielo de no seguir financiando la corrupción militar por la vía de la seguridad social de estos? Bueno, no hay mejor oportunidad para pasar la facturita de la eficiencia, que esta coyuntura política, una vez que se solucione el problema Chávez.
El número de pensionados de la Fuerza Armada Nacional cerró en el año 2001 con 28.860 de los cuales el 60 % estaba ubicado entre los 15 y 20 años de servicio y el promedio de edad oscilaba entre los 35 y 45 años de edad. De este porcentaje un 65 % corresponde a la Guardia Nacional de Venezuela y resto del porcentaje se diluye en los demás componentes. La estimación es que el número se incremente para el año de 2007 hasta 35.291 casos
Tal cual como va la situación financiera del país, los uniformados (Activos y retirados) representarán una gran carga financiera – ahora si se justificará mas la noción de parásitos que han arrastrado los castrenses - en relación al resto del país y tendrán una situación privilegiada, que no ha sido compensada hasta el momento con el sacrificio que deben hacer los guerreros, para garantizar la seguridad y la defensa de la nación; y lo que es peor garantizar la vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Normalmente a militares y policías se les da el beneficio de disponer de una pensión con menos años de servicio que el resto de las profesiones y oficios, por los riesgos que corren en sus respectivas profesiones; pero, después de esta experiencia política con los militares ¿Quién los va a privilegiar con la etiqueta de ser mas iguales que el resto de los venezolanos?...! Nadie!
En cuanto al beneficio del antejuicio de merito (Articulo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia; ordinal tercero de la Constitución de la Republica Bolivariana: Declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento del Vicepresidente o Vicepresidenta de la Republica, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o Fiscala General, del Contralor o Contralora General de la Republica, del Defensor o Defensora del Pueblo, los gobernadores o Gobernadoras, Oficiales u Oficialas generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, etc.), ni hablar. Fue peor el remedio que la enfermedad.
Un beneficio que ha debido ser para aquellos oficiales generales y almirantes que por virtud de cargo debían mantener el beneficio procesal, ha servido para escudar hasta los embates de las demandas de divorcio y los choques de los vehículos, de nuestros oficiales generales y almirantes. Este ha sido el peor referente en materia de liderazgo que no se determinó en el mediano y el largo plazo.
El mejor referente que resume la inutilidad institucional de este beneficio para todos los oficiales generales y almirantes sin ningún distingo, es la experiencia de los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando los lideres de los pronunciamientos militares (a excepción del General de la Guardia Nacional Carlos Alfonso Martínez, quien cayó in fraganti) dejaron en la estacada de los tribunales, a todos sus subalternos y se aferraron a la tabla de la salvación del beneficio del antejuicio, para evitar pisar una cárcel o en ultima instancia ser pasados a la situación de retiro, mientras sus subalternos pagaban canas abusivas, eran pasados a la situación de retiro y eran expuestos canallescamente en tribunales, sin disfrutar de ningún tipo de beneficio procesal. ¿Cómo quedaba aquello del liderazgo, de dar el ejemplo? ¡A propósito, si nuestros oficiales generales y almirantes de la coyuntura del 11 de abril de 2002, se hubiesen desprendido individualmente de este absurdo y discriminatorio beneficio procesal, ello hubiese contribuido a aclarar muchas cosas en los juicios que se había incoado; y de repente el problema de Chávez y su régimen nc²m²t ya se hubiese solucionado! ¡Hagan un simple ejercicio imaginativo!
Lo peor no es eso, sino ¿Cómo quedarán los heroicos generales y almirantes chavistas, una vez que salgamos del régimen nc²m²t y les toque enfrentar los juicios por corrupción, lesa humanidad, traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones, etc.? ¡Que no son precisamente para pagar presentaciones[1] por no cargar dos pañuelos, peine, cortaúñas y Código de Honor en el bolsillo! ¡No pisarán tribunal alguno de la Republica, amparados por ese adefesio jurídico y abiertamente discriminatorio que hábilmente insertó el Fuhrer Llanero en la Constitución Nacional, que se llama el beneficio del antejuicio de merito!
¡Sin mencionar la actual realidad del estado de apresto de la maquinaria militar, que está en niveles realmente de postración; estamos hablando de la organización, el equipamiento y ni hablar del entrenamiento. Tal cual como estamos en los niveles de apresto, no somos capaces de ganarle una partida de dominó a los arubanos, con el perdón de la organización de seguridad de los arubanos!
El liderazgo de los jefes está al ras del suelo, la moral institucional más abajo del subsuelo, el equipamiento se ha orientado a la dotación de sacos, huacales, montacargas, cavas refrigeradas; la experiencia de los líderes no pasa más allá de valorar la carne, los pollos, las verduras y la charcutería, casi al nivel de los amigos portugueses del Central Madeirense, hemos sustituido en la Fuerza Armada Nacional el fusil por el peso y la balanza, la bufanda por el saco, el sable por el cuchillo carnicero, la bayoneta por la caja registradora; no les interesa si el enemigo adelanta las posiciones de artillería o intensifica el patrullaje mas allá de la línea fronteriza; es mas interesante como sube el valor del queso y de que manera pueden nuestros efectivos aliviar el costo de la leche recién ordeñada a puerta de corral. Estamos seguros que las conclusiones de la Apreciaciones de Inteligencia de todos nuestros vecinos geográficos arriban a decir, que la mas probable posibilidad del enemigo es: “Establecer, a partir de este momento, un megamercado en sus actuales posiciones defensivas y reforzar sus posiciones con los cultivos hidropónicos y sesiones de alfabetización del Plan Robinsón”.
Todo ello sin hablar profundamente y darle uso justificado a todas las instalaciones militares que se devolverían a la nación, los terrenos militares que se destinarían para un uso productivo y la reorientación del presupuesto de gastos que se recortaría al Ministerio de la Defensa, componentes, direcciones, comandos, reparticiones, etc. consumidos ineficientemente por la organización militar; y que pudiera racionalizarse y direccionarse para hospitales, escuelas, universidades, infraestructura vial, mantenimiento, obras publicas, investigación, desarrollo, etc.
Hasta allí la justificación para hacer una reestructuración a fondo de los procesos de la Fuerza Armada Nacional.
En cuanto a la eliminación de la Fuerza Armada Nacional, remítase a la argumentación anterior y encontrara suficientes razones para decidirse, mas que por la reestructuración, por la eliminación y poner en este ítem, una rayota bien grandotota, una gran equis en la que descargue toda la tinta de su bolígrafo, con toda la fuerza de su rabia contenida, de no ver nada en el horizonte político, que le señale una modificación a la aberrante conducta institucional que ha arrastrado hasta el momento, esta organización militar.
Los grandes mimados de la Carta Magna no han sido capaces de defender los mismos privilegios que les previó la misma Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela.
¡Los propios Chacumbeles!


[1] Castigos previstos en el Reglamento de Castigos Disciplinarios número 6.

36 comentarios:

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